Modelo de Integridad
El Modelo de Integridad, aprobado por la Secretaría de Integridad Púbica como ente rector, es un conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y las diversas prácticas contrarias a la ética. Se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve componentes, con conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional.
- Avances del Modelo de Integridad
Aquí podrás consultar el avance en la implementación del Modelo de Integridad.
- Avances 2023
El Modelo de Integridad de PROINVERSIÓN es evaluado semestralmente por la Secretaría de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros en dos periodos. Durante la evaluación de junio, se obtuvo resultados destacados en ambas etapas: un 85% en la primera etapa y un 80% en la segunda etapa. Estos puntajes reflejan el compromiso de PROINVERSIÓN en la implementación de medidas efectivas para prevenir el soborno y fomentar una cultura empresarial ética y transparente.
En la evaluación de noviembre, PROINVERSIÓN continuó demostrando su evolución positiva en la implementación del Modelo de Integridad. En la primera etapa, se logró un puntaje destacado de 89%, mientras que en la segunda etapa se alcanzó un sólido 84%.
Estos resultados demuestran el compromiso de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN en fortalecer su cultura de integridad y lucha contra la corrupción. Sin perjuicio de ello, es esencial que se continue trabajando en la mejora de los componentes.
- Avances 2024
El Modelo de Integridad de PROINVERSIÓN para el año 2024 será evaluado anualmente. En ese sentido, se ha venido realizando lo siguiente:
- Campañas y difusiones
En este apartado encontrarás nuestras campañas y materiales de difusión, diseñados para mantenerte informado y comprometido con nuestras iniciativas.
- Reglamento de la Ley N° 31564 para la Prevención del Conflicto de Intereses en el Servicio Público
El Reglamento de la Ley N° 31564 tiene como objetivo fundamental prevenir y mitigar los conflictos de intereses en el acceso y salida del personal del servicio público. Esta normativa representa un paso decisivo en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una gestión pública transparente y responsable.
Este reglamento desarrolla los alcances de la Ley N° 31564, estableciendo un marco normativo que garantiza que los procedimientos relacionados con el acceso y salida de personal en el servicio público se lleven a cabo con total imparcialidad. La normativa abarca tanto a los sujetos del sector público como a los del sector privado que interactúan con la administración pública, asegurando el respeto de las normas de competencia funcional y evitando situaciones que puedan generar conflictos de intereses.
Además, introduce definiciones clave para la gestión de conflictos de intereses, como la distinción entre conflicto de interés real, potencial y aparente. Asimismo, establece medidas preventivas, como la obligación de presentar declaraciones juradas sobre prohibiciones e incompatibilidades, garantizando que todo funcionario o servidor público actúe de manera transparente y libre de influencias indebidas.
Uno de los pilares del reglamento es la definición de impedimentos para los funcionarios públicos en relación con las empresas o instituciones privadas con las que hayan tenido un vínculo de competencia funcional directa. Estas prohibiciones incluyen, entre otras, la prestación de servicios, la aceptación de cargos directivos y la adquisición de acciones en dichas empresas. Además, se establece el deber de abstención para aquellos funcionarios que puedan encontrarse en una situación de conflicto de intereses, evitando así cualquier influencia indebida en la toma de decisiones públicas.
Si deseas obtener más información, ingresa al siguiente enlace: Reglamento 31564
Fecha: 20 de Agosto de 2024
- La importancia de reportar una denuncia verdadera y no de mala fé
A fin dereforzar nuestro compromiso con la transparencia y la integridad, resaltamos la importancia de que toda denuncia sea presentada de buena fe, en base a hechos objetivos y verificables. Recordemos que una denuncia es una herramienta esencial para prevenir y combatir actos de corrupción, contribuyendo a la construcción de instituciones confiables y a la mejora de los servicios públicos.
No obstante presentar una denuncia sin fundamento o con intenciones maliciosas afecta gravemente la eficacia de esta y puede comprometer la reputación de personas y de la entidad sin sustento real. Las denuncias de mala fe desvían recursos y tiempo que deberían destinarse a casos legítimos, obstaculizando así el cumplimiento de los procesos de integridad y minando la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Desde la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, exhortamos a la ciudadanía a ejercer su derecho de denunciar con responsabilidad, confiando en que la transparencia se fortalece cuando las denuncias se presentan con base en hechos concretos y verificables. Es con esta colaboración respetuosa y ética que podemos seguir consolidando un sector público íntegro, justo y transparente al servicio de todos.
Fecha: 27 de Septiembre de 2024