AGILIZARÁN PROCESOS PARA APROBAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Lima, 28 de enero de 2021.- Desde el Ejecutivo se alistan medidas para agilizar los procesos para la ejecución de proyectos de inversión privada y público-privada.

Una de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo señala que se permitirá “incorporar a opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes en el acompañamiento de la etapa de elaboración de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o de su modificación”.

Al respecto, PROINVERSIÓN indicó que si bien esta medida ya estaba contemplada en el Decreto Legislativo N° 1500, emitida en mayo del 2020, a la fecha no ha entrado en vigor debido a que la misma norma establece que ésta se encuentra condicionada al vencimiento del Estado de Emergencia Nacional, situación que se mantiene actualmente.

Frente a ello, PROINVERSIÓN considera necesario eliminar esta condición para permitir la aplicación inmediata de la medida.

“Esto ayudará a reducir los tiempos para aprobación de los instrumentos de gestión ambiental que se requieren para el desarrollo de los proyectos de inversión”, indicó el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, Rafael Ugaz.

Agregó que, si bien en los últimos años el marco normativo de las APP se ha fortalecido y desarrollado una serie de pesos y contrapesos que buscan garantizar que los proyectos a adjudicar hayan sido adecuadamente planificados y evaluados, es necesario que algunos procesos de simplifiquen y generen mayor predictibilidad a los inversionistas respecto a los plazos de adjudicación, evitando reprocesos, cambios de alcance y posibles duplicidades.

Refirió que las posibles modificaciones que se han identificado en ProInversión están orientadas a realizar algunos ajustes en el marco del sistema de promoción de la inversión privada.

“En particular, en precisar mejor las competencias y naturaleza de las intervenciones de las diferentes entidades (sectores, reguladores, MEF, CGR) en los hitos que se deben alcanzar en cada fase del proceso de los proyectos de APP hasta alcanzar su adjudicación. También se han identificado algunos temas puntuales como los requisitos para sustentar la capacidad presupuestal de los proyectos y algunos pasos que se podrían simplificar en algunos tipos de proyectos”, indicó.

Asimismo, refirió que en el último año han venido trabajando con el apoyo de entidades multilaterales, como el Banco Mundial, la posibilidad de implementar PMOs (Project Management Office) que acompañen a los sectores con proyectos complejos o con paquetes de proyectos en cartera desde la etapa de formulación, a fin de optimizar procesos y contar con asistencia técnica permanente.

Plan de infraestructura

Ugaz indicó que el Poder Ejecutivo también viene trabajando en la implementación de un nuevo enfoque para promover la inversión privada, que se basa en el desarrollo de “infraestructura sostenible”.

“Con ello, se busca asegurar que los proyectos sean planificados, diseñados, construidos, operados y mantenidos de manera que garanticen la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental e institucional durante todo el ciclo de vida del proyecto”, subrayó.

Agregó que, para alcanzar esta finalidad, existen dos grandes frentes de trabajo desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

En primer lugar, la revisión del marco normativo al amparo de la delegación de facultades, que permitirá, entre otros aspectos, optimizar los procesos de promoción de la inversión privada, precisar las competencias de los agentes que conforman este sistema e implementar un modelo de Gestión Integral de Proyectos.

“En segundo lugar, destaca la actualización del Plan Nacional de Infraestructura, que tiene por objeto incorporar mejoras en la planificación, sin descuidar lo avanzado”, anotó.

Las cantidades pagadas, las que se acrediten a una cuenta o sean contabilizadas como gasto. ¿Qué implica el convenio suscrito entre ambos países? Dicho por los especialistas consultados por este Diario, estos acuerdos buscan evitar que los costos tributarios sean doblemente aplicados a las empresas de un determinado país que realicen negocios en la otra Nación, en este caso entre Perú y Japón. (...). Generan seguridad jurídica, mayor inversión privada, etcétera.

Fuente: El Comercio