PROINVERSIÓN plantea continuar proyecto PTAR Trujillo que protegerá salud y ambiente de 1,9 millones de liberteños

PROINVERSIÓN advierte que mantener el rechazo pondría en riesgo una inversión de US$ 398 millones, prolongaría los problemas sanitarios y ambientales y podría hacer perder gran parte del trabajo avanzado en un proyecto que ya alcanza alrededor del 85% de estructuración.

Lima, 05 de septiembre de 2026.- La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), adscrita al ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitó al Concejo Provincial de Trujillo reevaluar su decisión y no cancelar una inversión de US$ 398 millones destinada a mejorar la salud, el ambiente y la calidad de vida de cerca de 1,9 millones de habitantes de Trujillo y Chepén.

El pedido se produce luego de que, el pasado 26 de agosto, el Concejo Municipal no aprobara la delegación de facultades y competencias necesaria para que PROINVERSIÓN continúe estructurando el proyecto de tratamiento de aguas residuales PTAR Trujillo y Chepén.

No se trata de comenzar un proyecto desde cero. La iniciativa registra alrededor del 85% de avance en su estructuración, se encuentra próxima a la Declaratoria de Interés y ya demandó una inversión superior a S/ 5 millones en estudios y trabajos técnicos. Mantener el rechazo podría significar perder este esfuerzo y postergar durante más años una solución que la población necesita.

PROINVERSIÓN sostiene que las principales objeciones planteadas para rechazar el convenio —un supuesto endeudamiento municipal, posibles incrementos tarifarios, cuestionamientos a la ubicación de la PTAR Covicorti y una eventual pérdida de competencias municipales— que no cuentan con elementos suficientes que las sustenten y que en cualquier caso pueden ser evaluadas técnicamente durante la estructuración y no constituyen razones para cancelar el proceso.

En materia financiera, la Agencia precisa que la delegación no significa que la Municipalidad Provincial de Trujillo o SEDALIB asuman automáticamente una deuda superior a S/ 1500 millones. Al tratarse de una Asociación Público-Privada cofinanciada, las obligaciones que correspondan al concedente serán asumidas por el Estado.

Tampoco la firma del convenio determina automáticamente un incremento de las tarifas de agua. Las condiciones tarifarias son competencia de SUNASS y si fuera necesario, el propio proyecto puede incorporar mecanismos de cofinanciamiento estatal para atender las necesidades de operación y mantenimiento.

Respecto a la ubicación de la planta, PROINVERSIÓN recordó que existe un estudio de preinversión que sustenta la solución en Covicorti. Sin embargo, debido a que el proyecto todavía está en estructuración y no en ejecución, las alternativas planteadas, incluyendo El Tablazo, es posible analizar técnicamente las objeciones y propuestas y, de corresponder, incorporarse modificaciones.

Asimismo, la Municipalidad no perderá sus competencias. Mantendrá sus atribuciones legales y continuará participando mediante opiniones, conformidades, revisiones, aprobaciones y observaciones en los asuntos que correspondan a su ámbito de competencia.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

PROINVERSIÓN advierte que mantener la decisión adoptada tendría consecuencias concretas: postergar o perder una inversión aproximada de US$ 398 millones, retrasar la solución a un problema sanitario y ambiental que afecta a 1,9 millones de ciudadanos, prolongar los impactos sobre el litoral de Trujillo y poner en riesgo la continuidad del proyecto dentro de la cartera priorizada de APP del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031.

También significaría prolongar las deficiencias en el tratamiento y disposición de aguas residuales que afectan zonas del litoral y espacios de importancia recreativa y turística como Las Delicias y Huanchaco.

Para PROINVERSIÓN, el debate no debe reducirse a estar a favor o en contra de una determinada ubicación, tarifa o solución técnica. Aprobar el convenio no significa aprobar anticipadamente ninguna de ellas; significa permitir que los estudios continúen y que las observaciones sean analizadas con sustento técnico.

Por ello, la Agencia invoca al Concejo Provincial a reconsiderar su decisión. Trujillo y Chepén todavía están a tiempo de preservar una inversión histórica en saneamiento. Las observaciones pueden discutirse y resolverse; cancelar el proceso significaría prolongar un problema que afecta la salud, el ambiente y la calidad de vida de cientos de miles de familias liberteñas.

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