Lima, 5 de marzo de 2014.- La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informa que se ha iniciado el proceso de Oferta Pública del Proyecto “Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones” (bloqueo de celulares y Wi-Fi).
El proceso de Oferta Pública se llevará a cabo entre el Titular de la Iniciativa Privada (Consorcio Prisontec) y los dos Terceros Interesados que expresaron su interés y presentaron su carta fianza correspondiente en el plazo establecido en la declaratoria de interés (17 de enero de 2014).
El inicio del proceso de Oferta Pública se ha dado luego que la Resolución Suprema Nº 008-2014-EF, publicada ayer, ratificara los acuerdos del Consejo Directivo de ProInversión sobre incorporación del Proyecto al proceso de promoción de la inversión privada y aprobación del plan de promoción respectivo.
El Proyecto permitirá instalar sistemas de bloqueo o inhibición de señales radioeléctricas de los servicios de telefonía móvil así como de señales de red inalámbrica Wi-Fi en 33 centros penitenciarios del país, lo que ayudará a reducir sustancialmente el crimen organizado desde las prisiones (extorsiones, robos, tráfico ilícito de drogas, etc.).
La instalación de estos sistemas será gradual en los 33 establecimientos penitenciarios, los cuales agrupan poco más del 90% de la población penitenciaria del país.
El Proyecto, al mismo tiempo, contempla la instalación de teléfonos públicos en dichos establecimientos, garantizando la seguridad de las comunicaciones que realicen los internos. En ese sentido, el Proyecto es auto-sostenible (la inversión se recupera mediante el cobro de las tarifas del servicio de telefonía pública), por lo que no se contempla cofinanciamiento del Estado.
El contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia de 25 años. En este plazo el adjudicatario deberá implementar los cambios tecnológicos necesarios para bloquear los nuevos servicios móviles que entren al mercado.
Este Proyecto que impulsa ProInversión, por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se adjudicaría en junio del presente año y requeriría una inversión aproximada de US$ 4.1 millones (sin IGV).
